Ley recibida con aplausos
El 1 de marzo de 2022 entró en vigor, con su publicación en el BOE, el texto de la nueva Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Dicha ley contiene una disposición que compromete al Gobierno a desarrollar, en el plazo de un año, un reglamento para el etiquetado braille, haciendo referencia directa a bienes y productos « de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida» de las personas conocedoras y usuarias del sistema braille. Esta clasificación, concreta y amplia a la vez, no solo hace referencia, obviamente, a aquellos productos que pueden ser dañinos o tóxicos para el ser humano, incluyendo aquellos relacionados directamente con alergias e intolerancias, sino que podría referirse, prácticamente, a cualquier producto susceptible de ser etiquetado en braille, ya que toda información puesta a su disposición en este sistema supone, sin duda, una mejora en la calidad de vida de las personas con ceguera o deficiencia visual grave.
Sin embargo, como es sabido, tan importante es añadir información en braille a un envase, como que esa información sea correcta y perfectamente legible por el usuario al que va dirigida. Por ello se contará con la buena labor, asesoramiento y certificación que la Comisión Braille Española viene realizando desde hace casi 40 años, tanto a empresas como a administraciones públicas, y de que esta labor sea reconocida legalmente a nivel nacional y para todo tipo de productos, incluidos los que surjan de la aplicación de la nueva ley, objetivo en el que se lleva tiempo trabajando.
Como prueba del compromiso adquirido, la Secretaría General de Consumo y Juego, dependiente del Ministerio de Consumo, ha puesto en marcha, el mismo día de publicación de la ley, un grupo de trabajo en el que representantes del Cermi y de la ONCE podrán asesorar y ayudar a la citada Secretaría en la redacción de la reglamentación del etiquetado en alfabeto braille requerida por la ley.
Desde Madrid informó para 30 días Trinidad.
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